POLITICAS FISCALES EXPANSIVAS Y RESTRICTIVAS

Cuando hablamos de política fiscal, nos referimos a las acciones deliberadas del sector público (es decir, estados, comunidades autónomas, municipios y seguridad social) para lograr mediante la financiación y el uso del gasto público. Esta juega un papel importante, ya que estabiliza las fluctuaciones cíclicas mediante el efecto de expandir o contraer la demanda agregada por el control de los ingresos y gastos públicos (de ahí el tamaño de los déficits o superávits del sector público).

La política fiscal de divide en 2:

1. RESTRICTIVA: Cuando subimos los impuestos o recortamos el gasto público, el efecto inmediato es una reducción de los ingresos discrecionales de los consumidores y las empresas, lo que conduce a una reducción del consumo y la inversión. Como resultado, la demanda agregada disminuye, y con ella la producción, el empleo y los precios.
2. EXPANSIVA: Al aumentar el gasto público o reducir los impuestos, aumentan los ingresos discrecionales de los consumidores, pero también los ingresos corporativos. Esto conduce a un aumento del consumo y la inversión, que se refleja en un aumento de la demanda de bienes y servicios generales o generales, que a su vez se traduce en un aumento positivo de la producción, el empleo y los precios.

Para poder hacer un énfasis y poder relacionar la información con situaciones reales adjunto una información sustraída de la FUENTE: “Estado de la Hacienda Pública 2018, Cap 2” Ministerio de hacienda gobierno de chile. (Ministerio de Hacienda, 2018) 

• La carrera moderna de Chile se ha caracterizado por su admisión en el tráfico de las cuentas fiscales desde 1990 administraciones con distintas políticas han mostrado una particular preocupación por disfrutar de rutina eficaz las pertenencias del Estado, expandiendo la consumición asistencia a un ritmo a fin con el incremento de la capital y evitando que el emplazamiento financiero de la provincia se deteriore. De esta forma, se consolido un espacioso consenso sobre la trascendencia de implementar una política fiscal sostenible en el tiempo, lo cual a su tiempo fue un yunque decisivo para el incremento de la provincia durante las últimas décadas.
• Chile sufrió un deterioro en sus cuentas fiscales. Mientras entre 2010 y 2013 el gasto del Gobierno Central se expandió de manera armoniosa con el crecimiento de la economía, manteniéndose estable en torno a 21,5% del PIB, hacia 2017 el gasto público se ubicó en 23,7% del PIB, representando un aumento de más de dos puntos en tan solo cuatro años (figura 2.1).
• Las razones detrás de tal expansión del gasto son múltiples, pero las cifras señalan que la política fiscal fue más expansiva que en períodos anteriores, particularmente durante los años 2014 y 2015, a lo que se suma que el crecimiento económico fue de tan solo 1,7% entre 2014 y 2017.
• Una alta expansión del gasto público, combinada con un menor crecimiento económico, no puede sino manifestarse en un acelerado aumento del déficit fiscal y la deuda pública. Así, el déficit fiscal en 2013 se ubicaba en 0,6 puntos del PIB, mientras que a 2017 casi se había quintuplicado, alcanzando 2,8 puntos del PIB. Si bien la dinámica seguida por el balance fiscal no es atribuible a un único factor, y la menor recaudación proveniente de los ingresos del cobre también contribuyó a su deterioro, las cifras de Dipres señalan que la principal explicación del aumento del déficit está en la expansión del gasto público y no por el lado de la recaudación (figura 2.2). Los datos también confirman que el deterioro del balance fiscal por motivo de un excesivo gasto fiscal ocurrió principalmente entre 2014 y 2015.
• La deuda pública se duplicó durante los últimos años, pasando de 12,7 puntos del PIB en 2013 a 23,6 puntos del PIB en 2017. Si bien el nivel de deuda bruta aún se compara relativamente bien con otros países emergentes, su dinámica reciente no es sostenible en el tiempo y es urgente estabilizar tal ritmo de expansión. Por su parte, el gasto en intereses aumentó desde US$ 1.616 millones en 2013 a US$ 2.247 millones en 2017, lo que compromete la capacidad de gasto del Estado en el futuro y condiciona el financiamiento de las crecientes necesidades sociales que deberá enfrentar nuestro país. Una consecuencia palpable del deterioro fiscal y la desaceleración de la actividad económica es el empeoramiento de nuestra situación crediticia. Así, tras varios períodos en que el gasto público se expandió más que el PIB, se materializaron rebajas en la clasificación de riesgo del país por parte de Fitch y S&P durante 2017, y más recientemente por parte de Moody’s (julio 2018).